En España, el acceso a la anticoncepción varía significativamente según la comunidad autónoma. El informe de SEDRA-Federación de Planificación Familiar destaca grandes diferencias en la garantía de este derecho, situando a Aragón como la comunidad con mejor acceso, mientras que Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Euskadi están entre las peores. La evaluación se basa en un atlas interactivo que compara los servicios ofrecidos en cada región.
El estudio «Desniveles en la ruta: el estado de la atención a la anticoncepción en las comunidades autónomas» examina múltiples aspectos, incluyendo políticas anticonceptivas, servicios ofrecidos, eficiencia organizativa, información disponible, eliminación de costes, anticoncepción de emergencia gratuita, formación continua para profesionales y herramientas de mejora asistencial. La investigación resalta que las mujeres son las más afectadas por la falta de garantía en el acceso a métodos anticonceptivos, enfrentándose a largos tiempos de espera para obtener una prescripción.
Una solución propuesta es fortalecer la atención primaria, especialmente a través de matronas formadas, para reducir las listas de espera y mejorar la calidad del servicio. Las comunidades con políticas escritas y profesionales bien formados, como Aragón, muestran los mejores resultados. La publicidad y accesibilidad de los servicios también son cruciales, con ejemplos positivos en Aragón donde la información y formación continua mejoran significativamente el sistema.
Ocho comunidades autónomas no tienen programas específicos de anticoncepción, a pesar de estar incluidos en la Cartera de Servicios. Estas regiones son Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Extremadura, Illes Balears y Navarra. Además, varias comunidades no aseguran la gratuidad de la anticoncepción de emergencia ni de los métodos de larga duración, contraviniendo la reforma de la ley del aborto de 2023 que establece la dispensación gratuita en todos los centros de salud públicos.
En la raíz de estas desigualdades está la falta de un plan regulador estatal que garantice un mínimo de acceso a la anticoncepción en todas las comunidades autónomas. La Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo, reformada en 2023, no establece una estrategia clara para la anticoncepción. La voluntad política y la desidia institucional se señalan como principales obstáculos, con cada región estableciendo sus medidas según el gobierno de turno.
El informe también ofrece un panorama detallado de cada comunidad autónoma:
- Andalucía: Deficiente organización asistencial y largos tiempos de espera debido a la falta de formación específica.
- Aragón: Mejora significativa con planes bien estructurados y gratuidad en métodos anticonceptivos de larga duración.
- Asturias: Servicios bien definidos pero falta de formación y priorización en políticas públicas.
- Cantabria: Ausencia de formación continua y políticas específicas.
- Castilla y León y Castilla-La Mancha: Sin programas específicos ni formación adecuada, con desigualdades en la calidad de atención.
- Catalunya: Plan exitoso para acceso a métodos de larga duración, aunque falta eliminar el coste universal.
- País Valencià: Modelo sistémico bien estructurado afectado por la pandemia.
- Extremadura: Sin programas específicos ni formación adecuada.
- Euskadi: Desigualdades significativas y falta de políticas específicas.
- Navarra: Centros específicos con buena accesibilidad y calidad.
- Galicia: Programas y guías que necesitan actualización.
- Madrid: Documentos de consenso pero falta un plan específico.
- Murcia: Programa desde 2012, actualizado en 2018, pero carencias en la gratuidad de la anticoncepción de urgencia.
- La Rioja: Programa específico reciente con servicios bien definidos.
- Illes Balears: Sin programas ni formación específica.
- Canarias: Programa específico pero necesita mejorar la formación continua.
En resumen, el acceso a la anticoncepción en España está marcado por desigualdades significativas que dependen en gran medida de la voluntad política y la organización regional, con una clara necesidad de un plan regulador estatal para garantizar un acceso mínimo uniforme en todo el país.
Sanidad Digna 
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