Todos hemos oído hablar de pobreza energética, la que sufren las personas que, por falta de recursos económicos, no pueden encender la calefacción o pagar la luz, viviendo en condiciones extremas. Además de esa pobreza, hay otra, que es la pobreza farmacológica.
La que afecta a esas personas que, por tener unos recursos limitados, no pueden pagar sus medicamentos y abandonan los tratamientos, porque deben elegir entre pagar sus medicamentos o dar de comer a su familia. En España, entre un 20% y un 50% de los pacientes no sigue un tratamiento adecuadamente, generando gastos anuales de 11.250 millones de euros por las visitas a Urgencias e ingresos hospitalarios, pudiéndose evitar cumpliendo adecuadamente el tratamiento.
Según la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 18.400 muertes en España se evitarían con una correcta adherencia al tratamiento.
El copago farmacéutico sigue siendo un gravamen más al hecho de estar enfermo y hace que sea más difícil seguir correctamente un tratamiento médico, siendo las personas más vulnerables, como las personas mayores o las personas con bajos ingresos, las que abandonan los tratamientos médicos por falta de recursos económicos.
Las políticas sociales restrictivas, con el aumento del copago farmacéutico propiciado en el 2012 por medio del Decreto de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del SNS, han sido una losa para los pacientes crónicos y pensionistas, que las están sufriendo con mayor intensidad.
Los poderes públicos deben empezar a trabajar para paliar estas situaciones que padecen una gran cantidad de ciudadanos, con el fin de mejorar su situación de vida y de salud. La eliminación del copago farmacéutico sería la mejor manera de establecer una mayor equidad social ante la enfermedad. Los pacientes crónicos, pensionistas y personas con rentas bajas deberían ser los primeros beneficiados por la importante merma de dinero que sus tratamientos suponen para su economía familiar.
Permitir en el siglo XXI que existan personas que mueren de frío en un país rico como España, o que empeoren y fallezcan por no poder costearse el tratamiento de su enfermedad convierten a un Estado en injusto.
La atención sanitaria debe ser completa y gratuita. Desde el diagnóstico hasta la curación de la enferemedad, si ésta es curable, o su tratamiento de forma indefinida, si es una enfermedad crónica. Ahorraríamos en salud y ganaríamos en bienestar.
No debemos tener los ciudadanos ningún complejo para solicitar a nuestros gobernantes que velen por nuestra salud, y desde esta columna animo a todos los partidos políticos a trabajar en este sentido para mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos.
Sanidad Digna 
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