La precaria atención sociosanitaria

La experiencia sanitaria que vivimos, por su gravedad y por el altísimo precio en vidas humanas, tiene que habernos enseñado una lección: los cuidados son esenciales para la población que está enferma en los hospitales y para la sana en su entorno más próximo, pero, sobre todo, en las residencias de mayores para dispensar una adecuada atención sociosanitaria.

Miles de fallecimientos durante la pandemia se produjeron en residencias de mayores. Casi dos tercios de las muertes. Es sin duda una cifra alarmante que tiene que hacernos reflexionar y tomar medidas urgentes para que, en próximos brotes o nuevas pandemias, esto no se vuelva a repetir. Nadie debe mirar a otro lado para no hacer nada.

España tiene sus redes asistenciales para mayores muy privatizadas, cerca del 75% de las plazas de residencias están en manos privadas, siendo su principal financiación el dinero público; formando parte de la patronal, importantes corporaciones y fondos de inversión que han visto en la salud y la asistencia de los ancianos una fuente de negocio. Este modelo privatizador genera precariedad en los trabajadores y en las instalaciones donde prima el beneficio económico frente al servicio de calidad.

La Fiscalía está investigando numerosos establecimientos donde se sospechan graves negligencias en la atención a los residentes ancianos por falta de higiene, desatención, escasez de material, falta de personal especializado y de profesionales sanitarios que, con las bajas que se producían por contagios entre las cuidadoras, quedaban muy por debajo de las necesidades para atender a los mayores; recordemos que hasta la Unidad Militar de Emergencias tuvo que actuar.Ahora Madrid está en el ojo del huracán por los más de 7000 fallecimientos en condiciones de abandono.

Sin duda, es el momento de terminar con este modelo y contemplar la asistencia sociosanitaria como un servicio esencial del estado de bienestar, al igual que la Sanidad y la Educación, que debe ser prestado y gestionado por la Administración. El primer paso debe ser la urgente creación de una Ley General de Asistencia Sociosanitaria consensuada entre todas las fuerzas políticas y que ponga en el centro al anciano, y no al beneficio económico. El Estado debe ir asumiendo esta asistencia de forma paulatina, pero sin pausa.

Una residencia de mayores no es un hospital, pero su población tiene enfermedades ya diagnosticadas que hay que cuidar y, en muchos casos, son personas pluripatológicas. Soy partidario de cuidar en el entorno cercano a las personas, en su casa, en su comunidad, en su pueblo, en la residencia, si es el caso. Para ello, hay que contar con suficientes profesionales de los cuidados, enfermeras/os que son los expertos en ello.

Las residencias deben contar con gerocultoras preparadas en un número adecuado para asistir a los residentes que tengan y con profesionales de Enfermería que controlen sus enfermedades y los cuiden para evitar recaídas o ingresos hospitalarios. Deberán tener la capacidad física y estructural para poder realizar hospitalizaciones domiciliarias de los residentes que lo requieran. Esta Ley General de Atención Sociosanitaria debe dejar muy claros estos extremos para que puedan obtener los permisos de apertura y funcionamiento. Pónganse a trabajar en ella ya.